Los alcaldes en la mayoría de los municipios del país, han tomado los POT como instrumentos para aprovechar sus territorios con fines distintos a la de una verdadera visión territorial que garantice su sostenibilidad, imponiendo regulaciones sin atender jerarquías normativas, adoptando obligaciones urbanísticas como gravámenes, sin justificación alguna y que, en la mayoría de las oportunidades de revisión o modificaciones excepcionales, incluyan indiscriminadamente suelos de expansión urbana, aun teniendo tierras urbanizables no urbanizadas para desarrollar, contribuyendo a la horizontalidad de las ciudades, modelo superado por los altos costos de infraestructura vial y de servicios públicos, entre otros.

En los municipios mayores a 100.000 habitantes, la ley exige que a los curadores urbanos además de la función de expedir o negar licencias urbanísticas, sean miembros integrantes de los Consejos Consultivos de Ordenamientos Territoriales, instancia que en muy pocos casos sirve de algo, porque no tiene voto en las revisiones de los proyectos de Acuerdos Municipales, lo que refleja la equivocada metodología de trámite aprobada por el Estado, dando potestades superiores a los Consejos Territoriales de Planeación municipales, que desconocen de la materia. De otra parte, se observa que en aquellos municipios donde existe presencia de etnias o negritudes, es imposible lograr un desarrollo rural sostenible, mientras el Estado no obligue la inclusión de la consulta previa en los POT, con claras regulaciones, tanto para las entidades territoriales, como para las comunidades indígenas y negritudes.
Al respecto de las intervenciones de los POT, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, siempre ha preferido mantenerse al margen por ser de competencia municipal y por ese motivo es pertinente, que esta entidad rectora del ordenamiento territorial en el país, cambie de actitud frente a la decadencia en que se encuentran nuestros municipios, por emplear mal los POT, motivo por el cual, debería corregir y actualizar su procedimiento, ya que al dejarlo suelto al manejo politiquero, está probado que este instrumento a cambio de mejorar las condiciones territoriales, más bien actúa como bumerang contra las mismas comunidades. El Ministerio debe ser la primera instancia no solo asesora, sino interventora ante estos procesos, pues de lo contrario los POT deberán desaparecer porque el mal uso de la autonomía de los Concejos Municipales cambió las condiciones y sus objetivos.