Sin lugar a dudas, la revocatoria del mandato de los gobernantes constituye una de las conquistas de mayor trascendencia en favor de la democracia participativa en Colombia, pues finalmente tiene lógica que el pueblo que eligió a su mandatario sea el mismo que lo revoque cuando quiera que este incumple con el programa de gobierno inscrito ante la Registraduría.

Sin embargo, desde que este instrumento democrático fue instituido por la Constitución de 1991, se han hecho 166 intentos, 165 para alcaldes y uno para gobernador, pero de ellos solo 50 llegaron a las urnas y 116 no han superado la etapa de recolección de firmas, es decir, según las estadísticas ningún alcalde y ningún gobernador ha sido revocado hasta el momento. Pero este año, pienso que las cosas serán diferentes debido a que las reglas para intentar y buscar la revocatoria de alcaldes y gobernadores serán diferentes, luego de la expedición de la Ley 1757 de 2015 y la Resolución No 4745 de 2016 expedida por la Registraduría, que cambiaron el procedimiento haciendo más laxo y más simple este proceso.

De acuerdo con estas normas, lo primero que se debe hacer es inscribir un comité promotor ante la Registraduría; dicho comité tendrá que recoger un número de firmas que corresponda al 30 % de los votos obtenidos por el elegido. Si se cumple esta meta, luego de la verificación que se haga por parte del órgano electoral, se procedería a votar la revocatoria del mandato del alcalde o gobernador correspondiente. En consecuencia, para que la revocatoria del mandato salga airosa y triunfe en las urnas, se requiere que participe el 40 % de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario. Si se logra ese porcentaje, el mecanismo será válido y ganará la opción que obtenga la mitad más uno.

Como ciudadano y elector pienso que el mecanismo es ideal y propio de los sistemas democráticos participativos, pero hablar de revocatoria del mandato cuando los mandatarios llevan en sus cargos un poco más de un año de gobierno lo considero prematuro e inconveniente, aunque jurídicamente la norma lo permita. Pero además, el momento político que vive el país ya de cara a unas elecciones el próximo año, estimula esta clase de iniciativas que se vienen como avalanchas y terminan adelantando las campañas políticas por parte de los opositores que aún siguen con la espina atragantada de la derrota en busca de la revancha.

De hecho, en lo que va corrido de este año, más de un centenar de alcaldes ya están con dolor de cabeza y midiéndose la presión arterial a cada instante por cuenta de la intención de la revocatoria de sus mandatos ya en curso. En lo que respecta a los burgomaestres de este Departamento, los alcaldes de El Copey, La Jagua de Ibirico, Codazzi y Astrea ya están en jaque por causa de esta iniciativa; en el caso de El Copey incluso con fecha programada de elección para el próximo 21 de mayo de 2017.

En lo personal no descarto que algún proceso de estos pueda prosperar en esta ocasión, muy a pesar de los múltiples inconvenientes de ingobernabilidad que ello pueda generar, sumado al costo económico que le cuesta al Estado una elección y al desgaste político propio de unos comicios. Pero como dicen “ese es costo de la democracia y la voz del pueblo es la voz de Dios”. Nada que hacer, el pueblo tiene la última palabra.

Por Carlos Guillermo Ramírez