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General - 9 febrero, 2016

Director de Corpocesar denuncia crimen ecológico en El Copey

En el corregimiento de Chimila, zona indígena, un privado taló 12 hectáreas de diferentes especies. Ahora usurpa territorios en Pueblo Bello.

Esta fotografía fue suministrada por Corpocesar y sirvió como evidencia para denunciar ante la Fiscalía a un particular que está cortando árboles sin permisos.
Esta fotografía fue suministrada por Corpocesar y sirvió como evidencia para denunciar ante la Fiscalía a un particular que está cortando árboles sin permisos.

Un atentado contra el medio ambiente está cometiendo una persona natural en las estribaciones de la Sierra Nevada, en un área que es zona protegida por ser una reserva forestal.

Fueron 12 hectáreas de distintas especies, que según denuncia del alcalde de El Copey, José Luis Nieves Pérez, hizo llegar ante la Corporación Autónoma Regional del Cesar para que tomara los correctivos ante tan grave hecho que perjudica la flora y la fauna que permanece en el lugar.

“No solamente lo está haciendo en Chimila, zona rural de El Copey, encontramos que se fue hasta el municipio de Pueblo Bello y también está talando árboles. Este no puede ser un talador, es un delincuente ecológico”, declaró el director de Corpocesar, Kaleb Villalobos Brochel.

El funcionario advirtió que la semana anterior recolectaron las evidencias y presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, para que en los términos que establece la ley, un juez dicte medida de aseguramiento contra esta persona.

“Lo hizo en Chimila y ahora lo está haciendo en Pueblo Bello, por eso le pedimos a la Fiscalía ordene la captura de esta persona. Es una persona natural, dueña de una finca y ya entregamos las evidencias hace unos días con pruebas contundentes, para proceder con la detención”, advirtió Villalobos Brochel.

Algo más grave es que los árboles han sido retirados sin permiso de la Corporación y a la orilla la quebrada que atraviesa el corregimiento indígena de El Copey.

“Está usurpando territorios diferentes del Cesar sin ningún tipo de permiso, algo muy grave es que está deteriorando un territorio protegido como es la Sierra Nevada Santa Marta”, agregó el vocero de la autoridad ambiental del Cesar.

Kaleb Villalobos Brochel se abstuvo de entregar la identidad de la persona por estar inmersa en un proceso judicial.

El secretario de Ambiente del Departamento, Andrés Arturo Fernández, declaró que acciones como esas son las que debe denunciar la comunidad.

“Corpocesar está haciendo lo suyo y con su director lo hemos conversado, mano dura con quienes pretenden seguir atentando con el ambiente, con quienes violan la ley y con quienes no toman conciencia frente a los desafíos del cambio climático. Desde la Secretaría de Ambiente invitamos a todos los cesarenses a que sigan denunciando este tipo de hechos, las puertas de nuestras oficinas y funcionarios siempre estarán abiertas y dispuestos a recibir quejas para actuar como lo contempla la ley”, le dijo Fernández a este medio.

Fallo nacional

La Corte Constitucional prohibió la explotación minera en los páramos del país, privilegiando la protección de esos recursos naturales sobre el derecho de empresas mineras que tenían licencias de las autoridades para adelantar actividades extractivas en esos lugares.

El alto Tribunal tumbó un parágrafo del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el 2014, que permitía que proyectos de explotación minera y de hidrocarburos con licencias antiguas pudieran seguir operando hasta la terminación de los permisos y sin posibilidades de una prórroga.

Con la decisión se afectarían 347 títulos mineros con licencia, según cifras entregadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). En el Cesar hay aproximadamente 46.000 hectáreas de páramos en la Serranía de Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta donde existen títulos otorgados a particulares, con esta decisión de la Corte quedará frenada todo tipo de actividad minera, bien sea exploración o explotación.

La Corte mantuvo los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines), que fueron catalogados por el Gobierno como claves para el desarrollo económico del país, pero les puso una condición: para desarrollar estos megaproyectos debe primar la consulta a las autoridades locales de las regiones, y el permiso no lo debe entregar la Anla, sino las Corporaciones Autónomas Territoriales.

En la decisión la Corte también tumbó el artículo que le permitía al Gobierno poner los Pines por encima de la restitución de tierras.

Algo más grave es que los árboles han sido retirados sin permiso de la Corporación y a la orilla la quebrada que atraviesa el corregimiento indígena de El Copey.

Por Carlos Mario Jiménez
[email protected]

General
9 febrero, 2016

Director de Corpocesar denuncia crimen ecológico en El Copey

En el corregimiento de Chimila, zona indígena, un privado taló 12 hectáreas de diferentes especies. Ahora usurpa territorios en Pueblo Bello.


Esta fotografía fue suministrada por Corpocesar y sirvió como evidencia para denunciar ante la Fiscalía a un particular que está cortando árboles sin permisos.
Esta fotografía fue suministrada por Corpocesar y sirvió como evidencia para denunciar ante la Fiscalía a un particular que está cortando árboles sin permisos.

Un atentado contra el medio ambiente está cometiendo una persona natural en las estribaciones de la Sierra Nevada, en un área que es zona protegida por ser una reserva forestal.

Fueron 12 hectáreas de distintas especies, que según denuncia del alcalde de El Copey, José Luis Nieves Pérez, hizo llegar ante la Corporación Autónoma Regional del Cesar para que tomara los correctivos ante tan grave hecho que perjudica la flora y la fauna que permanece en el lugar.

“No solamente lo está haciendo en Chimila, zona rural de El Copey, encontramos que se fue hasta el municipio de Pueblo Bello y también está talando árboles. Este no puede ser un talador, es un delincuente ecológico”, declaró el director de Corpocesar, Kaleb Villalobos Brochel.

El funcionario advirtió que la semana anterior recolectaron las evidencias y presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, para que en los términos que establece la ley, un juez dicte medida de aseguramiento contra esta persona.

“Lo hizo en Chimila y ahora lo está haciendo en Pueblo Bello, por eso le pedimos a la Fiscalía ordene la captura de esta persona. Es una persona natural, dueña de una finca y ya entregamos las evidencias hace unos días con pruebas contundentes, para proceder con la detención”, advirtió Villalobos Brochel.

Algo más grave es que los árboles han sido retirados sin permiso de la Corporación y a la orilla la quebrada que atraviesa el corregimiento indígena de El Copey.

“Está usurpando territorios diferentes del Cesar sin ningún tipo de permiso, algo muy grave es que está deteriorando un territorio protegido como es la Sierra Nevada Santa Marta”, agregó el vocero de la autoridad ambiental del Cesar.

Kaleb Villalobos Brochel se abstuvo de entregar la identidad de la persona por estar inmersa en un proceso judicial.

El secretario de Ambiente del Departamento, Andrés Arturo Fernández, declaró que acciones como esas son las que debe denunciar la comunidad.

“Corpocesar está haciendo lo suyo y con su director lo hemos conversado, mano dura con quienes pretenden seguir atentando con el ambiente, con quienes violan la ley y con quienes no toman conciencia frente a los desafíos del cambio climático. Desde la Secretaría de Ambiente invitamos a todos los cesarenses a que sigan denunciando este tipo de hechos, las puertas de nuestras oficinas y funcionarios siempre estarán abiertas y dispuestos a recibir quejas para actuar como lo contempla la ley”, le dijo Fernández a este medio.

Fallo nacional

La Corte Constitucional prohibió la explotación minera en los páramos del país, privilegiando la protección de esos recursos naturales sobre el derecho de empresas mineras que tenían licencias de las autoridades para adelantar actividades extractivas en esos lugares.

El alto Tribunal tumbó un parágrafo del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el 2014, que permitía que proyectos de explotación minera y de hidrocarburos con licencias antiguas pudieran seguir operando hasta la terminación de los permisos y sin posibilidades de una prórroga.

Con la decisión se afectarían 347 títulos mineros con licencia, según cifras entregadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). En el Cesar hay aproximadamente 46.000 hectáreas de páramos en la Serranía de Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta donde existen títulos otorgados a particulares, con esta decisión de la Corte quedará frenada todo tipo de actividad minera, bien sea exploración o explotación.

La Corte mantuvo los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines), que fueron catalogados por el Gobierno como claves para el desarrollo económico del país, pero les puso una condición: para desarrollar estos megaproyectos debe primar la consulta a las autoridades locales de las regiones, y el permiso no lo debe entregar la Anla, sino las Corporaciones Autónomas Territoriales.

En la decisión la Corte también tumbó el artículo que le permitía al Gobierno poner los Pines por encima de la restitución de tierras.

Algo más grave es que los árboles han sido retirados sin permiso de la Corporación y a la orilla la quebrada que atraviesa el corregimiento indígena de El Copey.

Por Carlos Mario Jiménez
[email protected]