Tras un fallo de tutela a favor de varias jóvenes en Cali que fueron afectados entre 2012 y 2013 por la vacuna contra el virus del Papiloma Humano, la Corte Constitucional indicó al Ministerio de Salud que el medicamento no se puede aplicar si el paciente no lo desea.

El alto tribunal estableció que “el Estado no podrá obligar a la población colombiana a vacunarse contra el VPH sino que, por el contrario, deberá garantizar el derecho al consentimiento informado de sus destinatarios, como condición sine qua non para administrar la vacuna contra el VPH, informando de forma clara sus efectos adversos”.

Así mismo, la Corte ordenó al  Ministerio de Salud elaborar un informe en el que se establezca el número de personas que, sufrieron alguna reacción por la vacuna contra el virus del Papiloma Humano y necesiten de atención por parte del sistema de seguridad social en salud.