POR: INDALECIO DANGOND BAQUERO

Cuando el presidente Juan Manuel Santos  andaba en campaña, dijo en una manifestación pública en Valledupar, que lo primero que haría cuando llegara al poder, era acabar con la corrupción pública en Colombia.
Un manifestante que se encontraba en la multitud respondió de manera disgustada. Hombee! ¿Cómo se le ocurre acabar con lo único bueno que funciona en este país?. Los que estábamos cerca al simpatizante no supimos si llamarle la atención o contener la risa.

La corrupción en Colombia no es inherente a las personas, como dijo hace poco uno de los Nule, sino al régimen político. Las personas entran siendo honestas a las entidades públicas y el sistema los corrompe. Casualmente esta práctica se ha visto incrementada, a raíz de las reformas constitucionales de 1.986 y 1.991. El ejemplo más claro ha sido la aprobación de la elección popular de alcaldes y gobernadores, que en 24 años sólo ha traído como resultado el incremento de la corrupción, la pobreza y el atraso económico de nuestras regiones.
En cambio fortaleció económicamente los grupos al margen de la Ley y a las cuadrillas de corruptos y gobernantes mediocres que han infestado la política regional y nacional mediante el saqueo de los presupuestos de inversión de nuestros departamentos y municipios.

Créame señor presidente, esta podredumbre no se acaba con un estatuto anticorrupción de 150 artículos, que tiene que pasar por la aprobación de una clase política bastante cuestionada en este país. Es más conveniente, que decrete un Estado de Conmoción Interior para hacerle frente a esta crisis institucional y económica derivada del colapso de la corrupción nacional. Si ya hizo uso de de estas facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, para ayudar a los afectados por la ola invernal, porque no utilizar este estado excepcional para atajar este tsunami de la corrupción y de paso quitarles a estos negociantes de la política, la posibilidad de continuar en el poder en las próximas elecciones de octubre.

Mientras nuestro sistema político siga permitiendo que los que controlan sean elegidos por los controlados, y los controlados financiados por las cuadrillas de contratistas, no hay nada que hacer, porque se pierde la independencia del Contralor, del Procurador, del Fiscal o del Personero, al momento de investigar y sancionar al congresista, diputado, concejal, alcalde o gobernador. Es aquí donde se origina la corrupción pública en Colombia.

De no adoptar una medida drástica frente a esta crisis, no queda otro camino, que el de reducir la corrupción a sus justas proporciones (como lo dijo un ex presidente de la República), reglamentando las comisiones de los contratos, el enriquecimiento injustificado, las cuotas burocráticas, la impunidad de los delitos, la compra de votos, el “lobby” en el congreso para tramites de favorecimiento de leyes, etc., etc…

Para nadie es un secreto que el carrusel del poder político y económico es la práctica de corrupción más grande del país. En los departamentos y municipios con recursos de regalías, es donde más se hacen evidentes estas prácticas de corrupción, solo hay que revisar el presupuesto de inversión de este año, para darse cuenta de la repartición de recursos públicos en contratos que ya tienen destinación especifica de apoyo electoral.

Aquí no importa la ideología de los partidos ni mucho menos los planes de gobierno de los candidatos. Vemos como militantes de un bando pasan al otro bando para conformar las cuadrillas de aspirantes a las elecciones populares. Los partidos políticos quedaron con el papel de avalistas de estas componendas oportunistas que ahora le llaman “consultas internas interpartidistas”. Buen disfraz!.

Dios le de sabiduría, señor Presidente, para escoger el mejor camino jurídico que le permita acabar con esta putrefacción pública.