Contraloría del Cesar recuperó $146 millones de una obra en Chiriguaná

La Contraloría del Cesar recuperó $146 millones por irregularidades en contratos en Chiriguaná y Chimichagua.

Luego de surtir el trámite del proceso de responsabilidad fiscal número 025 de 2012, donde encontró responsables a Ramón Arturo Díaz Corzo, en calidad de alcalde del municipio de Chiriguaná; Norberto Soto Torres, como contratista y como tercero civilmente responsable a la compañía de Seguros Liberty, la Contraloría General del Departamento del Cesar logró recuperar recursos públicos que ascienden a 146 millones de pesos.

Los hechos objeto de investigación se refieren a las irregularidades detectadas por el grupo de control fiscal del ente de control con relación a la ejecución del contrato de obras civiles número 085 de 2012, que tenía como fin la adecuación y mantenimiento de las instalaciones físicas de la Alcaldía de Chiriguaná, por valor de $143.217.000 con un plazo de ejecución de tres meses.

Debido a este fallo, la Contraloría Departamental logró la recuperación del recurso público en cuantía de $125.800-471 por parte de la compañía de Seguros Liberty, lo que permite un resarcimiento del daño causado y la posibilidad de que este recurso pueda ser bien invertido en pro del desarrollo del municipio.

De igual manera, el ente de control logró, a través del proceso de jurisdicción coactiva número 002 del 2017, la recuperación de $21.431. 200, del fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso número 047 del 2010, donde se encontró responsables a Roberto Ramírez Suárez, rector del Instituto Educativo Francisco de Paula Santander del municipio de Chimichagua, y a Ibeth Cervantes Vega en calidad de interventora.

Se trata de un contrato de obra de construcción y adecuación de tres salones y una oficina en dicho centro educativo, encontrándose que no se ejecutó el proyecto de infraestructura que era en beneficio de los estudiantes para adelantar en mejores condiciones su proceso formativo.

“Estamos cumpliendo con la misión de la entidad y los mandatos constitucionales y legales en aras de buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público. De este modo, garantizamos la recuperación del dinero, pero ante todo somos claros en que no permitiremos malversación y apropiación del erario”, explicó el contralor Departamental, César Cerchiaro de la Rosa.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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