A un día de convocado el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, para la elección del nuevo director, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en su operación.

Corpocesar está vinculada, según el ente de control, por el despilfarro y la desviación de recursos como quedó consignado en las auditorías adelantadas a 10 de estas entidades en el primer semestre del presente año, precisamente las que manejan los mayores recursos presupuestales, donde se detectaron hallazgos fiscales que superan los $100.000 millones, de los cuales $72.000 millones corresponden a la CAR Cundinamarca.

Con respecto a Corpocesar, la Contraloría encontró que no se adelantó el cobro de la tasa por uso de agua por valor que ascendió a $3.000 millones, por la no expedición de las facturas ni la notificación a los usuarios. Sobre este hecho, las directivas administrativas de Corpocesar solo se pronunciarán hasta hoy.

Frente a todas estas irregularidades encontradas, el organismo considera necesario continuar el debate con respecto a la importancia y alcance de la autonomía de las CAR, frente a las debilidades que de manera reiterada ha señalado en sus informes de auditoría, así como en el estudio “Análisis Estructural del Funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible”.

La Contraloría estima que la autonomía de las corporaciones puede verse afectada, pues los miembros de sus consejos directivos son los alcaldes y gobernadores de la jurisdicción, quienes también eligen a los directores generales, pudiendo verse afectada la función sancionatoria que tienen en sus jurisdicciones a quienes realicen actividades que afecten el medio ambiente.

En el caso de otras corporaciones auditadas, se hacen observaciones a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) por invertir en el sistema financiero los billonarios recursos que se le entregaron hace algunos años para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del río Cauca; y se señalan irregularidades detectadas en Cortolima, la Corporación Autónoma Regional del Cauca y la Carder.