Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las resoluciones 1919 de 2015 y 2016 de 2016, expedidas por el Ministerio de Trasportes, así como los actos administrativos para la implementación del peaje de Río Seco, en la vía Valledupar- San Juan del Cesar, la empresa antioqueña Construcciones El Cóndor, encargada de la concesión vial Cesar-Guajira, anunció la terminación anticipada del contrato suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que la obligaba a ejecutar dicho proyecto, concebido bajo la figura de alianza público privada (APP), por un valor de $1,65 billones.

Esta información fue publicada por el periódico El Colombiano, explicando que en su informe a la Superintendencia Financiera, Cóndor declaró “la ocurrencia de una causal de terminación anticipada y el inicio de la etapa de reversión del contrato No.006 de 2015, para la realización de estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Cesar–Guajira”, aunque dicha vigencia estaba pronosticada hasta el 2049.

De igual manera, el medio antioqueño indica que en la presentación de estados financieros, al cierre del primer semestre de 2017 se explicó que el 17 de mayo, luego de la no operación del peaje de Río Seco por 90 días, se configuró una causal de terminación anticipada del contrato al materializarse un riesgo a cargo de la ANI que no lograba ser compensado por los mecanismos de compensación del contrato de concesión.

“Se acuerda con la ANI la terminación de las obras pendientes de la unidad funcional 1 (UF 1), la cual inició en noviembre de 2016, de acuerdo con el cronograma establecido en el contrato de concesión, por la entrada en el proceso de terminación anticipada. Se suspenden las demás obligaciones del contrato para la etapa de construcción”, informa el reporte entregado.

En la concesión se incluía la rehabilitación y mantenimiento de nueve tramos viales (340,6 kilómetros), así como la construcción y mantenimiento de los pasos Valledupar-Curva Salguero y Curva Salguero-San Diego (14,2 kilómetros).

Sin embargo, la comunidad ubicada al norte de Valledupar, especialmente el consejo comunitario ancestral Carmelo Banquet del corregimiento de Los Haticos (La Guajira), instauró una tutela contra los ministerios de Transporte, del Interior y de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

Eso conllevó a que la Sala de Casación Civil de la Corte suspendiera las resoluciones del Ministerio de Trasporte, así como todos los actos administrativos para la implementación del peaje de Río Seco, hasta tanto el MinInterior no llevara a cabo el proceso de consulta previa con la comunidad ancestral. La providencia ordenó además adelantar consultas previas con comunidades ancestrales ubicadas en la denominada línea negra y con aquellas que eventualmente puedan verse afectadas con la ubicación y ejecución del proyecto.

En julio de 2015, en Valledupar se firmó la APP entre el gobierno y la Concesión Cesar – Guajira S.A.S para la construcción y reconstrucción de la obra que iniciaba en San Roque, Cesar, y terminaba en Cuestecitas, La Guajira.

Por Carlos Mario Jiménez
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