Por: Luis Elquis Diaz

El fallo emitido por la Corte Constitucional sin duda alguna fue en concordancia con los principios del Estado de Derecho. El respeto por la Institucionalidad recobro vigencia, en medio de la controversia y la manifestación de afectos de los áulicos promotores de la Ley del Referendo, motivados en las posibilidades de sus intereses particulares.
Los colombianos escogemos a nuestros dirigentes para que cumplan con una obligación programática, es así como se simplifica la transferencia del poder a través del ejercicio de la Democracia, especialmente cuando la mayoría del pueblo así lo manifiesta. El pueblo colombiano encontró a lo largo de casi ocho años en Álvaro Uribe Vélez a un digno representante, con carácter y liderazgo, durante este periodo se lograron éxitos memorables en el marco de la política de seguridad democrática, la cual tuvo continuidad a través de una reforma constitucional.
Así mismo el Gobierno del presidente Uribe fue blanco de críticas justificables debido a acciones y decisiones inapropiadas. En el 2006 la Corte Constitucional consideró oportuno que en una democracia con tendencia a madurar y a fortalecerse era viable permitir que el pueblo refrendara las buenas ejecutorias de su gobernante, no obstante a las advertencias y confrontaciones de expertos constitucionalistas, quienes consideraban que esta situación generaría un desequilibrio en la estructura del estado rompiendo con el principio de independencia.
Por esas razones, además de las de forma y de fondo consignadas en la exposición del Magistrado ponente, no era conveniente una nueva modificación que permitiera a un presidente reelegido presentarse para un nuevo periodo presidencial. Este episodio inesperado principalmente por la cantidad de defectos, no debe ser consecuente con la entrada en vigencia de una nueva polarización, pues puede terminar entretenida en la esencia política confundiendo al clamor popular y desvaneciendo la importancia de lo propositivo.
De igual manera lo relacionado con los mecanismos de participación ciudadana en el sentido que tienen ese fundamento; sin embargo, orquestada por actores gubernamentales, los cuales son apalancados por grandes sumas de dinero con un origen incierto, también diseñan la pregunta para luego hacer la consulta,  esta actitud no es más que una clara muestra de usufructo electoral.
La institucionalidad de la política de Seguridad Democrática, debe sostenerse como un elemento disuasivo para los grupos denominados Narcoterroristas. Los candidatos a suceder al presidente sostienen que la encarnan; sin embargo, las condiciones socioeconómicas de la nación merecen de igual manera una política comprometida con el desarrollo y crecimiento social y económico, así mismo conservar el liderazgo regional con una disciplinada y respetuosa ejecución de la labor diplomática.
Con la conceptualización de la Corte Constitucional los colombianos podemos dormir tranquilos, pues hubo sensatez y criterio, quedo sin sustento la opción de la anarquía, de otro lado sería favorable reestructurar la forma de seleccionar y escoger a los representantes de los órganos de control y de los magistrados de las altas cortes, para garantizar las decisiones con preeminencia en el derecho, para evitar la politización de estas instituciones, sin ningún sesgo o señales de ilegalidad.
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