Inconvenientes por retrasos y desfinanciamiento en los recursos, son dos de las excusas más reiterativas de las entidades y contratistas que incumplen la ejecución de obras en el departamento del Cesar.

Un ciclo que nace con la adjudicación del contrato, pero después pasa a ser una ‘papa caliente’ para los contratistas. Así lo ha denunciado la Contraloría General de la República en repetidos informes sobre los proyectos de infraestructuras financiados con recursos del Sistema General de Regalías o desembolsados desde las arcas del departamento.

Solamente en el gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, la Contraloría dijo que se necesitaban cerca de $100 mil millones para terminar algunos megaproyectos planeados, que en su defecto, no fueron entregados o simplemente quedaron a medias.

Pero no solamente pasó con el periodo del exgobernador Monsalvo, el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, actual viceministro de Empleo y Pensiones, apuntó claramente a la recuperación del tejido social en sus primeros tres años de gestión y después, cuando estaba para salir, implementó la infraestructura en la ciudad. De esas iniciativas hay dos con problemas: las ciclorrutas de la carrera novena y la calle 17, con inversión de $1.253 millones; y la avenida Sierra Nevada, en la que invirtieron $12.500 millones.

El exdiputado del Cesar, Carlos Daniel Rocha Quintero, le dijo a EL PILÓN que en los casos de la administración departamental “se presentó un solo proponente”, denunciando que los procesos “fueron irregulares” y además, los ganadores de dichas licitaciones venían de ciudades como Barranquilla o Cartagena.

En ese orden de ideas, EL PILÓN presenta el top cinco de las obras que no han sido entregadas, en las que están invertidos más de $100 mil millones, pero aun no las han entregado para el beneficio de la comunidad.

Estadio de Valledupar
La construcción del Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau tiene falencias, como fisuras en los pisos y abolladuras en las barandas, así como la instalación de accesorios eléctricos que incumplen con la normatividad, que fueron objeto de hallazgo fiscal para la Contraloría por $5.167 millones.

Este proyecto tiene cerca de $59.000 millones invertidos, para una primera fase, que serviría para albergar por lo menos a cinco mil espectadores. Su construcción inició en 2014, con un plazo de ejecución de 18 meses. La obra debía ser entregada en julio de 2015. Teniendo en cuenta que los constructores, Consorcio GMP Construcciones y Grupo Capitol, pidieron prórrogas por dos meses y una última de 30 días, a la fecha la Gobernación del Cesar no ha recibido el recinto deportivo y finalmente la Oficina Jurídica sancionará al contratista por el objeto de incumplimiento, según lo precisó Federico Martínez Daza, secretario de Infraestructura Departamental.

“En el tema del estadio municipal tenemos un incumplimiento por parte del contratista. Ya finalizó su tiempo contractual de ejecución y no terminaron las obras que ya todos conocemos. Por ejemplo: en la gradería oriental no hicieron la cubierta, escaleras, el ascensor no está instalado, hay unas partes eléctricas sin recibir y todos estos detalles ocasionaron que la Gobernación le abriera un proceso disciplinario al contratista”, indicó Martínez Daza.

Agregó que una vez se haga o se ejecute el acto administrativo, “procederemos a hacer el recibo del escenario, mientras tanto la Gobernación del Cesar no puede recibirlo porque está en un proceso de incumplimiento”.

La tasación de incumplimiento, como técnicamente se conoce la sanción, está pactada por el 10 % del valor contratado, que según la Secretaría de Infraestructura equivale más o menos a $4.000 millones, si llega a hacerse la respectiva sanción. En este caso, el contratista tendrá derecho a reposición y podrá manifestar su apelación para que finalmente la administración departamental tome una última decisión. El proceso es liderado por la Oficina Jurídica Departamental.

“Si se ejecuta y queda en firme la sanción, inicia un proceso con la aseguradora del recurso, eso ingresa a un proceso jurídico, pero con el acto administrativo de sanción una vez sea notificada la Oficina de Infraestructura ya podemos hacer recibo del bien y eventualmente continuaremos realizando unas inversiones dentro del estadio, mientras no tengamos ese documento la Secretaría de Infraestructura no podrá, ni recibir y mucho menos invertir recursos en la obra”, aclaró Federico Martínez.

Canal de Panamá
Expertos y entidades de control han asegurado que no existe otro calificativo para la construcción del canal de Panamá que mala planificación y ejecución. Tanto así que recientemente la Procuraduría Regional del Cesar abrió indagación preliminar al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, SIVA, por las presuntas irregularidades relacionadas con la celebración y ejecución del contrato para la construcción del colector de aguas lluvias, el cual a pesar del dinero invertido y el vencimiento de los términos, no se ha culminado.

Al contrato adjudicado por valor de $30.000 millones, luego le adicionaron $12.000 millones, pero hoy las obras presentan fallas garrafales y evidentes.

Este proyecto tenía plazo para ejecutarse en 16 meses, pero a la fecha van más de 30. En la inversión está incluido en el paquete de obras la construcción y rehabilitación de la malla vial y espacio público, renovación y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y construcción del colector de aguas lluvias de la calle 44, desde la glorieta del Terminal hasta el río Guatapurí y sus obras complementarias para la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar.

Actualmente los veedores ciudadanos y las más de 2.500 familias que habitan en el área de influencia que resultarían beneficiadas, piden que sea demolido en su totalidad, porque luego de las lluvias algunas placas se agrietaron.

El contrato fue firmado por Katrizza Morelli, actual gerente del SIVA, el 6 de agosto de 2014 con el Consorcio Sistemas Estratégicos de Transportes, cuyo representante legal es Menzel Amín Avendaño. El plazo final era un término de 16 meses a partir de octubre del mismo año. De acuerdo con la Contraloría, el plazo vencido a corte del primer semestre de 2017 era de 29 meses y aún las obras no se culminan.

“Es pertinente indicar que frente a las fallas estructurales presentadas en la construcción del Canal de Panamá o Canal de la 44, nuestra empresa con la finalidad de cumplir el objeto contractual y preservar el interés público inmerso en el mismo, inició una actuación administrativa con la finalidad de determinar o definir la presunta responsabilidad del constructor del proyecto, Consorcio Sistemas Estratégicos, toda vez que según la empresa interventora las fallas presentadas son atribuibles a éste con ocasión a una mala praxis constructiva. Reposan en el expediente de la actuación administrativa, informes de la empresa que ejerce la Interventoría donde manifiesta entre otras circunstancias, que: -El proceso ejecutado no corresponde a lo establecido dentro de los diseños entregados y referenciados en los planos de construcción del canal…-, adicional a ello, se cuenta con conceptos del Consultor de los Estudios y Diseños donde indica que: -No se visualizan juntas de contracción transversales previstas en el diseño estructural del canal…- y -No se detecta amarre de hierros entre la losa de fondo con la losa lateral del canal como estaba previsto en los diseños estructurales…”, aclaró el SIVA a través de su Oficina de Comunicaciones.

En este orden, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, una vez realizadas las audiencias de descargos y prácticas de pruebas, concluirá la actuación administrativa contra el contratista el próximo 30 de agosto de 2017, la cual tiene como finalidad el cumplimiento del objeto contractual y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El diseño inicial del proyecto fue elaborado por la firma Gómez, Cajiao y Asociados Compañía Limitada, de Bogotá, en 1995; sin embargo y de acuerdo con los planes y compromisos para una ciudad en crecimiento, con la puesta en marcha de un sistema amplio de transporte, se optó por la construcción de avenidas y alcantarillados pluviales y con ello la ampliación del canal, que permitiera una mayor captación de agua que llega desde la avenida Simón Bolívar, la calle 44, barrios como Sabanas, San Martín, 7 Agosto, 12 de Octubre, Santa Rosa, San Joaquín, entre otros sectores del norte de la ciudad.

Avenida Sierra Nevada
En diciembre de 2014, a un año de terminar su gobierno, Fredys Socarrás Reales adjudicó el proyecto de la Avenida Sierra Nevada a la firma A Construir S.A. por valor de $12.500 millones, incluidos los costos de la interventoría.

La obra permitía construcción y rehabilitación desde la calle 1, entre la transversal 23 y la carrera 41 (calle ancha), y la avenida Francisco el Hombre (transversal 22 bis) entre la avenida Sierra Nevada y la glorieta de La Pilonera Mayor (carrera 19).

El mandatario local advirtió que los trabajos beneficiarían a 7.000 familias de la Comuna Cinco. Finalmente la arteria se convirtió en una gran apuesta para descongestionar el tráfico vehicular al norte de la capital del Cesar, sin embargo, la administración de Augusto Ramírez Uhía no ha recibido oficialmente el proyecto, por algunas inconsistencias en placas, rejillas, manjoles y otros aspectos.

“No se ha firmado el acta de recibo final. Progresivamente se han venido solicitando reparaciones al contratista e interventoría”, declaró el secretario de Obras municipal, Juan Pablo Morón Riveira.

Advirtió que “es necesario ser muy cuidadosos” porque el contratista debe cumplir al ciento por ciento y también manifestó no tener un valor total en los trabajos de reparación, “porque es responsabilidad directa del contratista y bajo sus propios recursos”.

Morón Riveira confirmó que no hay fecha exacta para recibir la avenida Sierra Nevada, que fue inaugurada por Fredys Socarrás el 30 de diciembre de 2015.

Hospital de El Copey – 9.377
La Unión Temporal Hospital El Copey, representada legalmente por Harry Villalobos Tejada, es la encargada de construir el Hospital San Roque. La firma certificada en Barranquilla fue la ganadora del proceso licitatorio hecho por la gobernación que aprobó una inversión de $9.377 millones.

El centro asistencial debía ser entregado el 20 de enero de 2016, pero a esa fecha solo tenía un 7 % de avance, entonces la Oficina Jurídica de la Gobernación del Cesar abrió proceso sancionatorio al consorcio constructor.

“Dentro del mismo proceso se hicieron unos acuerdos para que el contratista pudiera continuar; entre esos acuerdos quedó que debía consignar el ciento por ciento del anticipo entregado en una fiducia especial para este proyecto, de una manera que nos garantizara que se haría una liquidez para avanzar en las obras”, explicó el Secretario de Infraestructura.

Indicó que como segundo punto le exigieron que todo el personal operativo en obras fuera cambiado, y por último, le modificaron la forma de pago: “hoy en día tenemos cerca del 55 % de avance, es decir que las medidas que se tomaron funcionaron. Esto hizo que hasta el momento, el contratista trabajara con recursos propios, eso ayuda a que la obra tomara un buen rumbo porque si hacemos el trazado desde que tomamos la medida, se avanzó favorablemente porque lo evidenciamos en visitas con el gobernador Francisco Ovalle”.

La Gobernación del Cesar espera recibir las obras en noviembre próximo. La construcción de este hospital, con un área de 20.021 metros cuadrados, es el resultado de una consultoría contratada por la administración departamental para rearmar cinco hospitales en igual número de municipios: El Copey, Chiriguaná, Manaure, Pueblo Bello y Bosconia.

Sede Bioclimática de Corpocesar
Por los retrasos, incumplimientos del contratista y tener paralizados los recursos de regalías, la Contraloría General de la República considera como “elefante blanco” la nueve sede bioclimática de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar.

La construcción para la que se han destinado, por parte de la Gobernación del Cesar y Corpocesar unos $7.000 millones y que para culminarlo faltarían otros $4.000 millones, hasta ahora tiene invertidos cerca de $700 millones, según indica Corpocesar.

El Consorcio Biocesar 2016 es el encargado de terminar las obras. Esta es una sociedad de tres firmas: Julio Palomino (persona natural), Jaime Barros (representante de Incoel S.A.S) y Óscar Carcamo (representante de Itaca S.A.S). Ellos firmaron un contrato con Corpocesar, luego de recibir de Proeza Consultores S.A.S., las obras por valor superior a los $7.000 millones.

La Contraloría dijo haber detectado el hallazgo fiscal por $6.450 millones, en la ejecución del proyecto que se hace con recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

Se espera que Corpocesar tenga funcionando su modelo amigable con el ambiente, durante el primer trimestre de 2018, aunque la fecha de inicio es de 2009. La entidad ambiental le sigue al contratista inicial un proceso jurídico sancionatorio, por incumplimiento de entrega de la obra.

Por Carlos Mario Jiménez
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