Escándalos como el ‘cartel del escalafón’ y la supuesta negligencia en la inspección de medicamentos que dio con la muerte de 16 niños en la Clínica Laura Daniela de Valledupar, son investigaciones que la Viceprocuraduría General de la Nación le entregó a la Procuraduría Regional del Cesar.

En documento fechado del 10 de noviembre, el viceprocurador Juan Carlos Cortes González, remitió a la Procuraduría Regional del Cesar el poder preferente para que lidere las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar en las secretarías de Educación y Salud Departamental.

El primer caso está basado en audios donde presuntamente una funcionaria estaría cobrando dinero por ayudar con títulos y resoluciones falsas a cientos docentes, para ganar un mejor sueldo y subir en el Escalafón Docente, del Ministerio de Educación.

De la misma forma se pide constatar la posible afección a “recursos públicos del Departamento del Cesar destinados al sector educación, puesto que presumiblemente algunos docentes presentaron títulos falsos para obtener ascensos en el escalafón y por ende obtener mayor remuneración”.

Mientras que el segundo está basado en las investigaciones abiertas para conocer el tipo de compromiso disciplinario de los funcionarios del gobierno de Francisco Ovalle Angarita, en las inspecciones a la Clínica Laura Daniela, que adquirió, distribuyó y suministró dos medicamentos en su UCI neonatal, tal como lo evidenció la Superintendencia Nacional de Salud. La entidad pudo establecer que, pese a que la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A. tenía definidas algunas especificaciones técnicas y administrativas frente a la adquisición y recepción de Survanta y Synagis, no se sujetó a sus propios manuales diseñados para la gestión del servicio farmacéutico.

En estos dos procesos se busca establecer responsabilidades de José Alberto Aroca Urrutia, Gladys Chinchia, Carmen Sofía Daza Orozco y Deisy Johana Moreno Ríos.

Dentro de sus consideraciones, el viceprocurador pide que se establezca si se afectaron “la vida y salud de varios menores de edad (recién nacidos) atendidos en la Clínica Laura Daniela de Valledupar, a quienes suministraron medicamentos adulterados y posteriormente fallecieron al parecer a causa de estos”.

El 4 de julio de 2017 fue radicado en la Secretaría de Educación un derecho de petición con la queja de que “determinados docentes habían ascendido en el escalafón con un diploma falso”.

Por Carlos Mario Jiménez
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