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Editorial - 25 febrero, 2016

Cárcel y desidia

En un Déjá vu (algo ya visto) se han convertido los problemas de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Hace cinco días los internos hicieron huelga de hambre y el lunes de esta semana los familiares de los internos realizaron un plantón en la puerta del Palacio de Justicia de Valledupar, mientras […]

En un Déjá vu (algo ya visto) se han convertido los problemas de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Hace cinco días los internos hicieron huelga de hambre y el lunes de esta semana los familiares de los internos realizaron un plantón en la puerta del Palacio de Justicia de Valledupar, mientras que en otros lugares de Colombia y Estados Unidos hacían lo mismo, para pedir el cierre de este establecimiento carcelario por los malos tratos que supuestamente reciben los internos.

Hace tiempo a los medios de comunicación nos llega información de parte de los presos sobre las condiciones infrahumanas en que pagan sus penas y aunque reconocen que son un castigo por su mal proceder, aseguran no merecer trato tan injusto.

En el año 2014 la Corte Constitucional ordenó mediante sentencia solucionar las condiciones de salubridad de esta cárcel, y aunque han puesto plazos para que cambien las cosas, la situación parece que ha empeorado. Los anuncios de autoridades, el registro mediático de visitas de congresistas, Ong y funcionarios del Gobierno Nacional, se diluyen y no se cumple ninguna de las promesas para dignificar las condiciones de los presos.

Lo que piden los familiares y la Fundación Lazos de Dignidad, organización que viene defendiendo los derechos de los internos, es casi imposible. Cerrar esta cárcel no es la solución, porque si la cierran sus familiares irían a pagar sus condenas a otras cárceles hacinadas, en peores condiciones quizás, porque deben tener en cuenta que es un problema que ocurre en todo el país, no es exclusivo de esta Penitenciaría.

Lo que hay que revisar son los compromisos y el cumplimiento de los aspectos que deben mejorar en el cortísimo plazo. La Corte Constitucional dio ayer un nuevo plazo de diez días al Gobierno nacional, al Tribunal Administrativo del Cesar y a la Defensoría del Pueblo para certificar el cumplimiento de la Sentencia del 2014, en materia de salubridad y violaciones a los derechos humanos de los internos.

Este tema carcelario no es de resorte local, es un problema nacional que debe resolverse con el apoyo del Alto Gobierno, con el concurso de los gobernantes locales y con el decidido apoyo en las esferas de poder de los congresistas cesarenses.

Editorial
25 febrero, 2016

Cárcel y desidia

En un Déjá vu (algo ya visto) se han convertido los problemas de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Hace cinco días los internos hicieron huelga de hambre y el lunes de esta semana los familiares de los internos realizaron un plantón en la puerta del Palacio de Justicia de Valledupar, mientras […]


En un Déjá vu (algo ya visto) se han convertido los problemas de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Hace cinco días los internos hicieron huelga de hambre y el lunes de esta semana los familiares de los internos realizaron un plantón en la puerta del Palacio de Justicia de Valledupar, mientras que en otros lugares de Colombia y Estados Unidos hacían lo mismo, para pedir el cierre de este establecimiento carcelario por los malos tratos que supuestamente reciben los internos.

Hace tiempo a los medios de comunicación nos llega información de parte de los presos sobre las condiciones infrahumanas en que pagan sus penas y aunque reconocen que son un castigo por su mal proceder, aseguran no merecer trato tan injusto.

En el año 2014 la Corte Constitucional ordenó mediante sentencia solucionar las condiciones de salubridad de esta cárcel, y aunque han puesto plazos para que cambien las cosas, la situación parece que ha empeorado. Los anuncios de autoridades, el registro mediático de visitas de congresistas, Ong y funcionarios del Gobierno Nacional, se diluyen y no se cumple ninguna de las promesas para dignificar las condiciones de los presos.

Lo que piden los familiares y la Fundación Lazos de Dignidad, organización que viene defendiendo los derechos de los internos, es casi imposible. Cerrar esta cárcel no es la solución, porque si la cierran sus familiares irían a pagar sus condenas a otras cárceles hacinadas, en peores condiciones quizás, porque deben tener en cuenta que es un problema que ocurre en todo el país, no es exclusivo de esta Penitenciaría.

Lo que hay que revisar son los compromisos y el cumplimiento de los aspectos que deben mejorar en el cortísimo plazo. La Corte Constitucional dio ayer un nuevo plazo de diez días al Gobierno nacional, al Tribunal Administrativo del Cesar y a la Defensoría del Pueblo para certificar el cumplimiento de la Sentencia del 2014, en materia de salubridad y violaciones a los derechos humanos de los internos.

Este tema carcelario no es de resorte local, es un problema nacional que debe resolverse con el apoyo del Alto Gobierno, con el concurso de los gobernantes locales y con el decidido apoyo en las esferas de poder de los congresistas cesarenses.