Por: Socorro Ramírez

En menos de tres meses, Colombia logró iniciar una relación con Estados Unidos no reducida a la seguridad y el TLC, y una aproximación hacia América Latina no desde la diferencia y el conflicto sino desde las oportunidades de la región. Se han creado canales de diálogo con Venezuela, se aceleró la normalización con Ecuador, se retomó la relación con Brasil, se apoyó la rápida respuesta de Unasur a una crisis como la de Ecuador y, con 186 votos, Colombia fue elegida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Para consolidar esa reorientación diplomática, el gobierno tiene un doble reto. Ante todo, reconstruir la confianza con los vecinos, concretar la diversificación de los nexos con Estados Unidos y -como han dicho Laura Gil y Arlene Tichner- definir a qué se va al Consejo de Seguridad. El debate con los expertos ayuda a prepararse para asumir esa responsabilidad y oportunidad, así como para abrir la discusión sobre la política antidrogas.

El otro desafío es lograr una diplomacia muy profesional, de modo que la representación en las cerca de cincuenta embajadas de Colombia en el mundo esté en manos de personas con solvencia ética y conocimiento de su tarea; que las más de cien oficinas encargadas de funciones consulares o de asuntos comerciales sean ocupadas por funcionarios capaces de atender a la diáspora colombiana, ayudarle al país a aprovechar los nexos que los migrantes han tejido en el lugar donde residen y a abrir nuevos mercados; que las cuatro misiones colombianas en organismos multilaterales sean surtidas con expertos en negociaciones internacionales. Ya la Canciller conoció en el pasado los costos de tratar de actuar en la ONU con políticos premiados.

El Presidente dio una señal desacertada que por fortuna no tendrá efecto: nombrar a un ex ministro cuya gestión está siendo cuestionada por la Procuraduría como embajador en Italia, país del cual regresa su antecesor para responder a la justicia, de donde tuvo que ser llamado un cónsul para hacerle frente a un grave proceso judicial y debe regresar el embajador en el Vaticano a rendir declaratoria. El daño de esa y otras historias semejantes es grave.

Varias entidades podrían ayudar a consolidar la profesionalización de la diplomacia. El Congreso tendría que recuperar sus funciones en el tema. Hasta ahora, se ha limitado a otorgarle facultades al Ejecutivo para que legisle por decreto en la materia, a ratificar acuerdos firmados por el Gobierno, a realizar viajes oficiales que no reportan mayores beneficios para el país y a obtener nombramientos en la planta interna o exterior de la Cancillería.

La Academia Diplomática, a la que el Gobierno quiere darle un vuelco para que proporcione profundidad estratégica a la Cancillería, también puede jugar un papel en esta tarea. Debería mejorar el diseño de la capacitación y las evaluaciones por las que pasan los funcionarios de carrera, y, desde el 2011, incorporar en esos dos procesos a quienes no ingresan por concurso sino por caudal político o recomendación; otro tanto se debería hacer con quienes hayan sido vinculados como empleados provisionales y de libre nombramiento o como asesores.
Además, la misma Academia podría rediseñar la estructura y funcionamiento de embajadas y misiones consulares o comerciales, y el papel de quienes prestan allí sus servicios, y ayudar a poner en marcha un plan para mejorar las carreras diplomática y administrativa, que consolide el giro iniciado en la política exterior.

El cambio requiere con urgencia que la diplomacia deje de ser un turbio mecanismo de politiquería interna y se convierta en un instrumento eficaz de inserción regional e internacional.