La Asamblea Nacional de Venezuela,declaró con una mayoría de 106 votos que Nicolás Maduro abandonó sus funciones como Presidente de la República.

“Aprobado el acuerdo con el cual se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro y se exige una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto”, anunció el jefe del Legislativo, Julio Borges, al leer el acuerdo votado por el Parlamento.

El Acuerdo, basado en el artículo 233 de la Constitución venezolana, tiene como uno de los puntos la convocatoria de elecciones presidenciales inmediatas. Entre otros puntos está el reiterar que se irán a las instancias internacionales para continuar denunciando la violación a la Constitución.

“Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (…) el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato”, dice el citado artículo.

Según lo estipulado por la Carta venezolana, si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes.

Según la extensa declaración, “Maduro ha provocado una crisis sin precedentes en Venezuela” y está “al margen de la Constitución” por provocar “devastación económica”, “ruptura del orden constitucional” y “violentar los derechos” de los venezolanos. Dicen los diputados que al abandonar la Constitución, Maduro abandonó el ejercicio de sus funciones.

La decisión se da en el marco del pronunciamiento hecho horas antes por el Tribunal Superior de Justicia, acusado de chavista por la oposición, que a través de un comunicado indicó que la Asamblea Nacional no tiene facultad para destituir al presidente Maduro e hizo un llamado al Gobierno y a la oposición a “dirimir las diferencias políticas” a través del diálogo.

El TSJ menciona el aparte 948 de la Sala Constitucional del 15 de noviembre de 2016 que dice: “Conforme al artículo 336 constitucional y a su jurisprudencia, se ordenó a los diputados (…) abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de ‘responsabilidad política‘ contra el Presidente de la República y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales”.

Indican que la Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. Sin embargo, entre sus competencias no está la declaratoria de ‘responsabilidad política’ contra el Presidente de la República.

En la nota oficial de este lunes, el TSJ llama a emplear el diálogo “para dirimir las diferencias políticas y, en especial, para cumplir los deberes y fines constitucionales, en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”.

“Para ser efectiva (la declaración de “abandono del cargo”) debe venir acompañada del nombramiento de un TSJ que no esté al servicio del Ejecutivo. Y habrá que ver si viene con una estrategia de calle que busque escalar la protesta”, afirmó a la AFP Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk (Londres).

Para el constitucionalista Pedro Alfonso del Pino, “abandonar el cargo no es ejercer mal” las funciones, sino “dejar de ejercer el poder” y eso no ocurre en Venezuela.

En diciembre, la Asamblea declaró la “responsabilidad política” del presidente en la crisis, con la idea de abrirle un juicio político. Pero esta figura no está en la Constitución y, de todas formas, el TSJ anuló esa decisión.

El analista John Magdaleno dijo a la AFP que, aunque cambie estilo y ofensiva, el Legislativo enfrentará en 2017 “los mismos o peores desafíos” que en 2016: “Su actuación estará condicionada por la estrategia del chavismo, que es reducir las competencias de ese Parlamento”.

“Ya la estrategia inició”, agregó Magdaleno. El pasado viernes, diputados oficialistas pidieron al TSJ declarar ilegal a la nueva directiva parlamentaria, bajo el argumento del desacato.

Analistas estiman que la oposición, dividida en torno a un diálogo que mantiene suspendido con el gobierno, debe concentrarse en las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para este año y en recuperar el apoyo popular perdido tras fracasar el referendo.

Agencia AFP