El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para el proceso electoral de 2018 ha identificado 287 municipios de 29 departamentos con riesgo electoral por incidencia de grupos armados ilegales, que corresponden al 25% de los municipios del país. En ese grupo aparecen ocho poblaciones del Cesar con un nivel de riesgo medio.

Aguachica, Curumaní, González, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas y Río de Oro aparecen en el mapa por presencia del ELN; así mismo Codazzi por la participación de otros grupos armados en posdesmovilización. De estas poblaciones, cuatro también tienen presencia del EPL, y Pailitas repite por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En la presentación de esta alerta de riesgo electoral el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre la injerencia de los grupos armados ilegales se observa que aunque no han realizado pronunciamientos públicos en contra del certamen electoral, es posible que en sus zonas de influencia incidan mediante prácticas violentas de constreñimiento al elector.

Igualmente, dice la entidad, que aunque no se ha presentado un número considerable de conductas, la confluencia de grupos armados ilegales en varias regiones del país y la reconfiguración sobre el control de los territorios que dejaron las Farc puede potencialmente incidir en el momento previo a su realización.

En el caso del ELN, tras la ruptura del cese bilateral al fuego y a las hostilidades con el Gobierno Nacional, es posible que incida en las elecciones con acciones violentas en sus zonas de influencia.

Dice la Defensoría, que además se debe prestar atención a la trashumancia electoral. Si bien es cierto el Sistema en el caso de zonas en las que los grupos armados ilegales tienen influencia, ya que puede materializarse a través de prácticas violentas que pretendan favorecer a uno u otro candidato, las autoridades deben prestar particular atención cuando se presenten estos casos.

Grupos armados fuente de riesgo

Para las elecciones de 2018, a pesar del desarme y el ingreso a la vida civil de las Farc, la Defensoría asegura que persisten conductas de violaciones de derechos humanos asociadas al conflicto armado interno que pueden incidir en la realización de las elecciones en zonas rurales y urbanas.

El ELN se erige como el principal movimiento insurgente en armas, con la firme intención de ampliar su control territorial a las zonas abandonadas por las Farc.

“En la Costa Caribe pese a la inexistencia de hechos o conductas vulneratorias en el marco del conflicto que pongan en riesgo el certamen electoral, hay presencia de actores armados en que tienen influencia en el territorio y pueden influir con métodos violentos en el certamen electoral.

No se descarta además la posibilidad que grupos económicos y políticos con intereses en el territorio, se asocien con los Grupos Armados Posdesmovilización de las AUC para que a través de amenazas y constreñimiento se pueda lograr una victoria en las urnas”, dijo la Defensoría del Pueblo.

Adicionalmente, en elecciones anteriores se ha evidenciado prácticas relacionados con delitos electorales como corrupción al sufragante, voto fraudulento, favorecimiento al voto fraudulento, alteración de resultados electorales, fraude en inscripción de cedulas.

Interferencia, participación y financiamiento de grupos armados ilegales

De acuerdo con el informe que presentó la Defensoría del Pueblo, pese a la inexistencia de hechos o conductas vulneratorias en el marco del conflicto que pongan en riesgo el certamen electoral, no se puede desconocer la presencia de actores armados en la Costa Caribe que utilizan zonas como la Troncal del Caribe, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Alta Guajira, la frontera con Venezuela, la Serranía del Perijá y otros lugares como corredores de movilidad para el desarrollo de sus actividades delictivas.

Asegura que en la región hay algunos candidatos que han sido cuestionados por presuntos nexos con grupos paramilitares o personas financiadoras de estos grupos. De igual forma, se ha señalado la baja ampliación de la representación política hacia nuevos sectores sociales y la perpetuación de las “casas políticas”, refiriéndose esencialmente a la preponderancia en los liderazgos de miembros de una sola familia, que se presenta a elecciones y que puede colocar a sus candidatos en cargos públicos.

Con respecto a los intereses electorales, la mayor preocupación es la interferencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otros grupos armados no identificados en el apoyo logístico y material para movilizar redes clientelares y de corrupción en favor de algunos candidatos con los que tienen algún tipo de afinidad; y por otro lado, el ejercicio de violencia política hacia líderes.

En cuanto al ELN, la Defensoría revela que se evidencia presencia en la costa norte a través del Frente de Guerra Urbano Nacional que amenaza con perpetrar ataques terroristas en los principales centros urbanos del Caribe. También en la Serranía del Perijá, frontera con Venezuela en los municipios de Urumita, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albania y Maicao del departamento La Guajira, y Curumaní, Pailitas, Chimichagua, La Paz y Valledupar, en el departamento del Cesar.

Por su parte, el EPL que se ha venido expandiendo desde la región del Catatumbo hacia los municipios limítrofes del Cesar con el municipio El Carmen (Norte de Santander), ha venido promoviendo la “abstención activa” y como complemento plantea la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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