El Tribunal Administrativo de Santander admitió la acción popular presentada por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, en conjunto con los integrantes de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las empresas Conocophillips y Cne Oil & Gas, la Alcaldía de San Martín y la Corporación Regional del Cesar, con el fin de que se protejan los derechos colectivos vulnerados por el contrato adicional de exploración y producción en yacimientos no convencionales de hidrocarburos, suscrito el 2 de diciembre de 2015.
La magistrada Solange Blanco Villamizar dispuso además vincular a la misma a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), a los municipios de Aguachica (Cesar) y Rionegro (Santander).
Con esta acción se pretende la suspensión inmediata de toda obra o actividad de explotación de petróleo mediante la técnica del fracking en yacimientos no convencionales que se pretenda realizar en el Pozo Picoplata 1, en el municipio de San Martín, pero además, abrir una puerta judicial que conlleve a la prohibición nacional de explotación de petróleo mediante esta técnica.
