En su último informe de rendición de cuentas, al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se olvidó de mostrarle al país, las enormes pérdidas que están generando varias empresas donde el Estado tiene participación accionaria.

También se le olvidó al ministro Cárdenas, contarles a los colombianos su desacertada e incompresible decisión de seguir capitalizando dichas empresas con dineros que recauda de los impuestos de los colombianos a través de sus permanentes reformas tributarias.

Causa muchísima indignación que el Ministro que tiene el cargo de custodiar las finanzas públicas de nuestro país, siga inyectándole el recaudo de los impuestos a empresas inviables, seriamente cuestionadas por la gestión administrativa y envueltas en escándalos de corrupción. Las administraciones de Reficar, la Agencia Nacional de Minería, Gecelca, Bionergy, Cafesalud y Colombia Telecomunicaciones, entre otras, son una vergüenza Nacional.

Según un informe reciente de la Contraloría General de la República, Cafesalud, por ejemplo, a pesar de ser la EPS más grande en afiliados del país, pierde semanalmente 13.000 millones de pesos y el Ministerio de Hacienda no hace absolutamente nada para atajar esa debacle financiera. Del informe de la CGR, se deduce que en esta EPS ni siquiera conocen la cuantía de los pasivos a su cargo, no tienen certeza de cuántos recursos pueden recuperar de sus cuentas por cobrar y cada día aumentan de manera excesiva sus gastos operacionales. En lenguaje parroquiano, es una empresa inviable.

La situación de Colombia Telecomunicaciones -Coltel-, es similar. Desde su creación en el 2003, cuando suscribió un contrato de explotación de los bienes y activos con Telecom en liquidación y las Teleasociadas, no ha podido repartir dividendos. La historia de este fracasado modelo inicia en el año 2005, cuando el gobierno comenzó a buscarle un socio estratégico para garantizarle la sostenibilidad financiera a Coltel. Un año después (mediante subasta pública), le entregaron a la empresa española “Telefónica” el control de Coltel a cambio de una capitalización en efectivo por 853.577 millones de pesos.

Cuatro años después, a finales del 2010, comenzaron a incumplir los pagos a los pensionados de Telecom, propiciando una nueva capitalización a esta empresa. En el año 2012, mediante el documento Conpes (3721), se autoriza al Ministerio de Hacienda, una tercera capitalización por 3.5 billones de pesos para evitar la quiebra de Coltel y garantizar el pago del pasivo pensional.

A pesar de todos estos esfuerzos financieros del Gobierno, Coltel sigue presentando una rentabilidad financiera negativa y en vez de liquidar esta sociedad, el gobierno acaba de anunciar otra capitalización por 1.2 billones de pesos, que corresponde al 20 % de lo que se recaudará incrementalmente por la Reforma Tributaria en el 2017. Ya entendemos por qué enviaron un mensaje de urgencia al Congreso de la República para que apruebe (en plena Semana Santa) una adición presupuestal de 6.5 billones de pesos. La Contraloría debería abrirles -de oficio- una investigación a quienes participen en esta irresponsable decisión.

No hay derecho ministro Cárdenas, que sigan destinando los impuestos de los colombianos para tratar de resucitar estas fracasadas empresas. Además, no tiene sentido que el Estado participe en negocios donde también ejerce como regulador, ya que ello constituye un claro conflicto de interés. No siga subsidiando quiebras y administrado pérdidas.

Por Indalecio Dangond Baquero