Publicidad
Categorías
Categorías
Judicial - 3 julio, 2015

Activan ‘Mecanismo de Denuncia’ en penitenciaría de Valledupar

Por violación sistemática de derechos humanos en el interior de este establecimiento carcelario de alta y mediana seguridad, la Defensoría del Pueblo activó un mecanismo expedito para que los reclusos denuncien.

Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo ayer hicieron una nueva visita de inspección a la penitenciaría de Valledupar.
Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo ayer hicieron una nueva visita de inspección a la penitenciaría de Valledupar.

Una de las cárceles que más preocupa a la Defensoría del Pueblo en cuanto a la sistemática violación de derechos humanos de los reclusos es la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, por lo que la entidad decidió implementar allí la herramienta denominada Mecanismo de Denuncia, la cual busca recoger información sobre los problemas que van en contra de la integridad física, mental de los reclusos.

Difíciles condiciones de salubridad y alimentación, agresiones de la guardia y condiciones de riesgo para la integridad de los internos, hacen parte del panorama que podría mejorar con esta nueva herramienta puesta en marcha de la mano con la Procuraduría.
“En febrero de 2015, yo personalmente acudí al establecimiento de reclusión para documentar un caso de cinco reclusos que fueron aislados durante cinco días, constantemente rociados con gas pimienta, fueron sometidos a armas electrochoques, no se les suministró la atención medica debida y no les permitieron su valoración en Medicina Legal”, con este ejemplo José Manuel Díaz Soto, defensor delegado para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, explicó la crisis humanitaria en la prisión conocida como ‘La Tramacua’.

El funcionario recordó que la Corte Constitucional advirtió que en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar existe política generalizada de malos tratos, consecutivos, incluso de tortura en contra de la población carcelaria.
Díaz Soto además indicó que en esta prisión concurren todos los problemas del sistema carcelario “porque hay una deficiente atención en salud, las condiciones de reclusión son absolutamente indignas, los reclusos no tienen agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y las condiciones en las cuales se estaban preparando los alimentos eran precarias, encontramos alimentos en estado de putrefacción”.

Justamente, y como resultado de varias visitas humanitarias al centro de reclusión (la última de ellas la semana pasada), la Defensoría consideró necesario activar el instrumento judicial en ese lugar, donde son insistentes las denuncias de los internos, pese a ser ésta una cárcel de última generación.
Los funcionarios de la Defensoría constataron la falta de agua potable, los internos solo tienen el preciado líquido tres horas al día; alimentos en mal estado; las basuras cerca de la cocina expeliendo en todo momento malos olores; la mayoría de baños con letrinas porque no tienen sanitarios, y la utilización de botellas plásticas y bolsas para hacer sus necesidades, son la constante bajo temperaturas que superan los 40 grados centígrados.

La comisión evidenció que algunos guardianes del Inpec no portan su identificación, circunstancia que anteriormente ha favorecido prácticas de agresión a la población reclusa, la cual pese al cierre de una celda conocida como ‘Villa Mosquito’ -que era utilizada como sitio de tortura- denuncia que los atropellos continúan. La Defensoría además pudo verificar que la planta de tratamiento de agua funciona a media marcha y no cuenta con un operario para su mantenimiento.
La cárcel alberga 1.536 internos y pese a que no existe hacinamiento en relación con la capacidad instalada, como ocurre en otras cárceles, las condiciones de alojamiento y cotidianidad son precarias.

Además de la denuncia permanente sobre estas constantes violaciones a los Derechos Humanos (que se repiten en otros penales del país), de los frecuentes requerimientos a las autoridades competentes y del llamado para que se decrete la emergencia social carcelaria, la Defensoría consideró necesario activar el Mecanismo de Denuncia para que se garantice, como mínimo, el derecho de los internos a expresar su problemática y así buscar las instancias del Estado que puedan atender sus inquietudes.
La estrategia del Mecanismo de Denuncia busca capacitar y orientar a los internos para que tramiten sus quejas dando a conocer los maltratos de que son objeto. Se van a instalar buzones para que los reclusos puedan hacer sus denuncias de forma anónima y que igualmente sus familiares puedan acceder a los servicios de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría.

Por Redacción Judicial / EL PILÓN

Judicial
3 julio, 2015

Activan ‘Mecanismo de Denuncia’ en penitenciaría de Valledupar

Por violación sistemática de derechos humanos en el interior de este establecimiento carcelario de alta y mediana seguridad, la Defensoría del Pueblo activó un mecanismo expedito para que los reclusos denuncien.


Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo ayer hicieron una nueva visita de inspección a la penitenciaría de Valledupar.
Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo ayer hicieron una nueva visita de inspección a la penitenciaría de Valledupar.

Una de las cárceles que más preocupa a la Defensoría del Pueblo en cuanto a la sistemática violación de derechos humanos de los reclusos es la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, por lo que la entidad decidió implementar allí la herramienta denominada Mecanismo de Denuncia, la cual busca recoger información sobre los problemas que van en contra de la integridad física, mental de los reclusos.

Difíciles condiciones de salubridad y alimentación, agresiones de la guardia y condiciones de riesgo para la integridad de los internos, hacen parte del panorama que podría mejorar con esta nueva herramienta puesta en marcha de la mano con la Procuraduría.
“En febrero de 2015, yo personalmente acudí al establecimiento de reclusión para documentar un caso de cinco reclusos que fueron aislados durante cinco días, constantemente rociados con gas pimienta, fueron sometidos a armas electrochoques, no se les suministró la atención medica debida y no les permitieron su valoración en Medicina Legal”, con este ejemplo José Manuel Díaz Soto, defensor delegado para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, explicó la crisis humanitaria en la prisión conocida como ‘La Tramacua’.

El funcionario recordó que la Corte Constitucional advirtió que en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar existe política generalizada de malos tratos, consecutivos, incluso de tortura en contra de la población carcelaria.
Díaz Soto además indicó que en esta prisión concurren todos los problemas del sistema carcelario “porque hay una deficiente atención en salud, las condiciones de reclusión son absolutamente indignas, los reclusos no tienen agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y las condiciones en las cuales se estaban preparando los alimentos eran precarias, encontramos alimentos en estado de putrefacción”.

Justamente, y como resultado de varias visitas humanitarias al centro de reclusión (la última de ellas la semana pasada), la Defensoría consideró necesario activar el instrumento judicial en ese lugar, donde son insistentes las denuncias de los internos, pese a ser ésta una cárcel de última generación.
Los funcionarios de la Defensoría constataron la falta de agua potable, los internos solo tienen el preciado líquido tres horas al día; alimentos en mal estado; las basuras cerca de la cocina expeliendo en todo momento malos olores; la mayoría de baños con letrinas porque no tienen sanitarios, y la utilización de botellas plásticas y bolsas para hacer sus necesidades, son la constante bajo temperaturas que superan los 40 grados centígrados.

La comisión evidenció que algunos guardianes del Inpec no portan su identificación, circunstancia que anteriormente ha favorecido prácticas de agresión a la población reclusa, la cual pese al cierre de una celda conocida como ‘Villa Mosquito’ -que era utilizada como sitio de tortura- denuncia que los atropellos continúan. La Defensoría además pudo verificar que la planta de tratamiento de agua funciona a media marcha y no cuenta con un operario para su mantenimiento.
La cárcel alberga 1.536 internos y pese a que no existe hacinamiento en relación con la capacidad instalada, como ocurre en otras cárceles, las condiciones de alojamiento y cotidianidad son precarias.

Además de la denuncia permanente sobre estas constantes violaciones a los Derechos Humanos (que se repiten en otros penales del país), de los frecuentes requerimientos a las autoridades competentes y del llamado para que se decrete la emergencia social carcelaria, la Defensoría consideró necesario activar el Mecanismo de Denuncia para que se garantice, como mínimo, el derecho de los internos a expresar su problemática y así buscar las instancias del Estado que puedan atender sus inquietudes.
La estrategia del Mecanismo de Denuncia busca capacitar y orientar a los internos para que tramiten sus quejas dando a conocer los maltratos de que son objeto. Se van a instalar buzones para que los reclusos puedan hacer sus denuncias de forma anónima y que igualmente sus familiares puedan acceder a los servicios de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría.

Por Redacción Judicial / EL PILÓN