Con el fin de debatir sobre la importancia del seguimiento a los recursos hídricos en el país, pero especialmente en el Cesar, se cumplió ayer el conversatorio ‘Agua y Justicia’, el cual fue organizado por la Contraloría Municipal de Valledupar. Para ello se esperaba la visita del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez y el contralor Edgardo Maya Villazón; así como el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quienes se excusaron debido a que tuvieron que atender la emergencia presentada en Hidroituango.

En el panel del evento estuvo el auditor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra quien se refirió a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró al río Atrato como sujeto de derecho.

“Hay unas importantes reflexiones en las cuales tiene que ver inicialmente, frente al hecho de la labor de concientización que debe existir por parte de todos, el nivel de compromiso que debe tener cada uno de los ciudadanos, pero de igual manera desde lo que me compete, la labor que tienen que cumplir las Contralorías frente a este tema”, expresó el funcionario.

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Aseguró además que fundamentalmente, en cuanto a la ejecución de los recursos que en materia ambiental se están haciendo en el departamento y Valledupar, en ese sentido se debe trabajar por no llegar a los caracteres sancionatorios; “sin embargo ese carácter está allí y el organismo de control aparte de haber elaborado y trabajado en unos aspectos que tienen que ver con su fase preventiva en los casos que deba actuar con toda responsabilidad, que pueda existir derivaba por la ineficiencia e ineficacia de los servidores públicos lo debe hacer”, acotó.

Dio a conocer que a nivel nacional se destinó en 2017 más de un billón de pesos para que fueran ejecutados por parte de las entidades a nivel regional, y la cifra que se ejecutó fue algo superior a los 800 mil millones. Dejándose de ejecutar una cifra considerable, con base en lo que reporta la Contaduría General de la Nación.

“El año anterior se dejaron de ejecutar alrededor de 361 mil millones de pesos del presupuesto público destinado al sector ambiental en los territorios del país”, expresó.

Afirmó además que allí las contralorías deberán revisar en lo preciso de sus competencias, porque no se ejecutaron esos recursos y de igual manera la Procuraduría, “porque tan responsable es quien ejecuta mal los recursos en un área tan susceptible como el medio ambiente”, precisó el funcionario.

Rodríguez Becerra dijo que una vez revisados todos los registros de ejecución presupuestal de las entidades territoriales, observo que se dejó de ejecutar cerca del 30% de estos recursos, los cuales ascendían a un billón 177 mil millones en 2017.

El Auditor General dijo así mismo, que lo que sucede con la protección, preservación y saneamiento ambiental en el país no es únicamente por la falta de recursos o de mala inversión, sino además por la ineficiencia e ineficacia por parte de los administradores públicos en la ejecución de los mismos.

El funcionario señaló que las contralorías cumplen un papel muy importante en cuanto al control fiscal ambiental, y resaltó la presencia y el compromiso que existe de los organismos de control en este tema.

“Quiero llamar la atención de los contralores territoriales, a quienes voy a hacer llegar un informe relacionando los departamentos, los municipios y las entidades territoriales que dejaron de ejecutar una cifra superior al 30% –en algunas oportunidades cercana al 40%– de recursos de medio ambiente”, recalcó.

De igual manera concluyó que “hay departamentos y entidades cuyo porcentaje de ejecución es cero, eso no tiene ningún tipo de presentación”.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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