Hizo bien el presidente Santos recordando quién era el dueño de la chequera en Colombia. El problema, sin embargo, con el vertiginoso auge que traen las llamadas “vigencias futuras”, no es tanto quien ejerce la titularidad presupuestal sobre la chequera de las apropiaciones sino sobre los sobregiros que son las vigencias futuras.

La chequera presupuestal hace relación al programa de gastos autorizado por el Congreso; el sobregiro es el compromiso futuro para asumir un gasto que desborda la vigencia anual. Hay sobregiros autorizados y los hay simplemente solicitados.

Ningún funcionario público por encumbrado que sea puede, con un mínimo de honestidad intelectual, ofrecer o presentar como fruto de su magnanimidad o habilidad, oferta de gasto publico alguna que no esté consignada en el presupuesto anual o en el plan cuatrienal de inversiones.

Cuando en el presupuesto nacional se reservan partidas globales para que las termine asignando un ministro a su discreción, cosa que está prohibida por supuesto pero que está sucediendo, se están contrariando elementales normas presupuestales.

Cuando a los congresistas se les habilita mediante los llamados “cupos parlamentarios” para que aparezcan ante sus electores como mediadores y dispensadores de determinados gastos regionales, se están contrariando las normas básicas de la asignación del gasto público.

La mermelada mala no es la que fluye equilibradamente entre todas las regiones gracias a las nuevas normas sobre regalías que se ha dado el país: la mermelada vituperable es la que termina empoderando (no al Congreso en su conjunto que es a la postre quien autoriza el programa de gasto público del país) sino a algunos parlamentarios agraciados por el ejecutivo con los llamados “cupos parlamentarios”.

Cuando poco o nada se presupuesta para honrar en la vigencia fiscal del 2016 el compromiso adquirido en La Habana, según el cual: “El Gobierno se compromete a asegurar la financiación de todos los compromisos derivados del presente acuerdo”, se le está sembrando una peligrosa bomba de tiempo a la aclimatación de la paz.

Cuando no se le hace claridad meridiana de que gran parte de la avalancha de anuncios de gasto público que se escuchan a diario, están respaldados es en una desmesurada escalera de “vigencias futuras” que comprometen la flexibilidad del gasto público en los años venideros, se están contrariando también elementales normas de transparencia presupuestal. Como también se desorienta a la opinión cuando se le anuncian gastos para los cuales ni siquiera se han autorizado vigencias futuras.
Ya vamos, con las solas vigencias futuras abiertas hasta la fecha para infraestructura, bordeando la cifra de 46 billones. Se acaba de anunciar además un plan a largo plazo para infraestructura por valor de 200 billones. ¿Cuánto de este costo se atenderá con vigencias futuras? ¿Cuánto con nuevos impuestos como también se ha mencionado?

¿Una cifra tan descomunal comprometida en vigencias futuras qué otro tipo de inversión pública va a desplazar en el futuro? ¿Cómo se están fijando las prioridades? ¿Qué dice Planeación sobre todo esto, puesto que ella es la entidad que programa la inversión pública en Colombia? Nada de esto se sabe.
La discusión relevante no es, entonces, a la luz de la precaria situación de las finanzas públicas, quién maneja la chequera sino quien maneja el sobregiro.