Por: Antonio Hernández Gamarra1

La semana pasada pidió el ex Presidente César Gaviria que los actos reformatorios de la Constitución fueran razonables y sensatos. Reflexión llena de sindéresis, que debería  guiar la evaluación de las reformas aprobadas en la legislatura que acaba de terminar, y en particular la creación del Sistema Nacional de Regalías.

Desde el inicio del trámite de esta reforma surgió en el Gobierno, en el Congreso y en amplios sectores de la opinión nacional, la falsa idea de que la Constitución del 91 era la responsable de la inequitativa distribución interregional de las regalías, y que por lo tanto era necesario una reforma de la misma. A pesar de que se demostró la precariedad de ese argumento, la mecánica política impuso el trámite constitucional para, por esa vía, disminuir la participación de las regiones productoras y los puertos de embarque en el total de las regalías. Con ese interés como principal objetivo, no valió argumento alguno para que la reforma se hiciera a la luz de elementales principios sobre la asignación del gasto público.

Como cualquiera lo sabe, es poco sabio consagrar en la Constitución un porcentaje de un ingreso para destinarlo al gasto público. Ello porque en la Constitución es difícil precisar el objeto del gasto y porque todo ingreso está gobernado por factores que son inestables. De esa manera se asignan, a perpetuidad, porcentajes de lo que sea para lo que sea, lo cual hace fluctuante e impredecible el gasto público.

Pues bien, el proyecto del gobierno inició con un sólo porcentaje y terminó con siete. Todos ellos quedaron consignados en la Constitución, y por lo tanto fijos a perpetuidad, sin que mediara estudio alguno sobre su razonabilidad, como se puede constatar al leer una a una las ocho ponencias que se propusieron para el debate. Además, el texto aprobado quedó lleno de ambigüedades y anfibologías que van a dar lugar a muchísimas discusiones jurídicas y, lo que es peor, esos porcentajes darán pie para que la ley que reglamente el Acto Legislativo establezca nuevas asignaciones de este tipo, profundizando las irracionalidades.

Se dirá -de manera despreciativa- que estos son argumentos ¨técnicos¨, pero que la finalidad de construir una mejor institucionalidad y de buscar la equidad se cumplió. Afirmación bien discutible por cuanto la creación del Sistema General de Regalías, tal como este quedó establecido, atenta contra la institucionalidad y contra la regionalización, y podría terminar por fortalecer las empresas electorales.

La institucionalidad fiscal salió debilitada porque la inflexibilidad consagrada en la Constitución será imposible de observar, y por lo tanto se obedecerá pero no se cumplirá, como se hace hoy en día con tantas normas que asignan gasto público.

La idea de la regionalización se debilitó porque los recursos de los Fondos de Compensación y de Desarrollo Regional se ejecutarán mediante la creación de alianzas transitorias entre departamentos, que es lo que en esencia van a ser las Regiones de Planeación y Gestión y las Zonas  de Inversión Especial para Superar la Pobreza, creadas en la Ley de Ordenamiento Territorial.

Las empresas electorales podrían salir fortalecidas si en esas alianzas priman las conveniencias transitorias de los funcionarios con mando en los departamentos, y no los propósitos de largo plazo para el fortalecimiento de las regiones.

A la luz de los argumentos aquí expuestos, difícil decir entonces, que la creación del Sistema General de Regalías ha sido una modificación razonable o sensata.