Por: Amylkar D. Acosta

Se aduce por parte del Gobierno que la reforma que propone al régimen de regalías se funda en cuatro principios fundamentales, a saber: equidad regional, social e intergeneracional; ahorro para el futuro; competitividad regional y buen gobierno. Ya veremos si la susodicha reforma está inspirada en tan loables como plausibles propósitos.
“Queremos que los ingresos de nuestro subsuelo, del subsuelo de todos los colombianos, beneficien, como debe ser, a todos los colombianos, incluyendo a las generaciones futuras”, afirmó el Presidente de la República Juan Manuel Santos en la largada de la XXXII Caminata de la Solidaridad, el pasado 29 de agosto. En todo caso, aunque el Proyecto de Acto Legislativo sólo contempla dos artículos, debieron tomarse 58 páginas en la exposición de motivos para tratar de demostrar sin éxito que son razones de equidad las que han movido al Gobierno a presentar semejante esperpento.
Ya se quejaba el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes en una de sus habituales columnas de prensa que algunas regiones del país “se benefician desproporcionadamente por un accidente geográfico o geológico: porque hay depósitos de minerales en su territorio que son propiedad de todos los colombianos, pero que usufructúan solamente los que tienen los yacimientos cerca”.
Claro, que otras regiones del país distintas a estas usufructúan de otros “accidentes geográficos” tales como la feracidad de sus tierras que han hecho de ellas verdaderos emporios agroindustriales, en otras  su topografía ha hecho posible la construcción de enormes represas que alimentan complejos hidroeléctricos de la mayor importancia y así sucesivamente. Qué le vamos a hacer si los hallazgos de minerales e hidrocarburos son un premio que se recibe de la aleatoriedad propia de la lotería geológica, que es impredecible y caprichosa.
Es comprensible que cada una de las regiones trate de sacarle partida a sus ventajas comparativas producto de la dotación de la naturaleza, las cuales compensan en alguna medida sus otras carencias. Y a este propósito cabe el viejo adagio que dice “a quien Dios se la dio San Pedro se la bendiga”, así de sencillo. Será por aquello de la “maldición de los recursos naturales” que el mismo Hommes plantea que “Las entidades territoriales del área donde se ubican las minas deberían estar al final de la cola de beneficiarios y no de primeras”, es decir en la cola de la cola (¡!), habrase visto? Como diría el poeta, estas son las razones de la sinrazón que mi corazón se resiste a entender.
Huelga decir que en el Siglo XIX el suelo y el subsuelo eran de propiedad de los Estados soberanos; derrotado el radicalismo liberal en la batalla de La Humareda, Núñez el regenerador de la mano de Caro impuso la Constitución de 1886 y con la misma sucumbió el régimen federal que regía desde la Constitución de Rionegro de 1863 y de paso mediante este golpe de mano le arrebató a las regiones dicha titularidad. De allí que en el artículo 202 de la Constitución que rigió hasta 1991 se estableciera como propiedad de la Nación “los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados, cuyo dominio recobra la Nación…”.
De modo que no estaban tan descabalados los constituyentes de 1991, cuando establecieron “una contraprestación económica a título de regalía” a favor de “los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos” como una tardía reivindicación por el despojo del cual fueron objeto las regiones, aparte de ser una compensación por las externalidades económicas, sociales y ambientales indeseables inherentes a la explotación de tales recursos. Como bien dijo el diario El Heraldo, “Los cambios no pueden darse en un marco de derrota brutal de las  regiones a manos del poder central”.