Por: Socorro Ramírez
El Presidente propondrá al Congreso un proyecto que modificaría el Estatuto Nacional de Estupefacientes de 1986. Ante esta oportunidad para actualizar su enfoque, el Director de la Policía ha dicho que en el mundo “parece estar de moda hablar del fracaso de la lucha contra las drogas”, pero que “el modelo colombiano ha sido exitoso y debe continuar”.
General Naranjo, no es una moda. Es la respuesta a las devastadoras consecuencias de un enfoque de seguridad dirigido a eliminar la producción para volver la distribución tan costosa y peligrosa que reduzca la oferta de drogas ilícitas. Muchos estudios muestran que tras cuarenta años de la guerra contra las drogas estas son más baratas y de mejor calidad. Hay más violencia y muertes por esa política que por el consumo. Las personas afectadas no reciben la atención sanitaria y social que requieren. El desarrollo rural está bloqueado. Juzgados y cárceles colapsan. Mientras tanto, la criminalidad organizada crece, en alianza con políticos corruptos.
Un nuevo consenso se perfila en torno a una regulación diferenciada que reduzca daños en los eslabones más débiles y refuerce el combate contra el crimen organizado. Un estímulo al cambio de enfoque lo dieron, en la Comisión Global, 19 personajes que han ejercido los cargos de presidente, canciller, secretario de la ONU, director de organismo internacional, secretario de Estado, director de la reserva de EE. UU., comisario de política exterior y de seguridad de la Unión Europea, escritor, líder no gubernamental, banquero, empresario…
Luego del examen de los resultados de la política actual y de las alternativas en curso en las regiones a las que pertenecen sus miembros -8 europeos, 5 latinoamericanos, 4 norteamericanos, un africano y un asiático-, la comisión ha presentado cuatro principios que conviene tener en cuenta.
Primero, ni la ideología ni la conveniencia política deberían reemplazar la evidencia científica en la construcción de una política. El objetivo debería ser la reducción de daños a la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos y la sociedad.
Segundo, un enfoque basado en derechos humanos y salud pública permite una mayor reducción de daños que la estigmatización, criminalización y marginalización de las personas que usan ciertas drogas, así como de quienes están involucrados en los niveles más bajos del cultivo, la producción y la distribución.
Tercero, la responsabilidad compartida global sobre la problemática de las drogas no puede ocultar las realidades políticas, sociales y culturales de cada nación, de las que deben partir las políticas sobre drogas, ni puede impedir la experimentación y el desarrollo de alternativas que respeten los derechos y las necesidades de los afectados por la producción, el tráfico y el consumo.
Cuarto, la política de drogas debe ser integral. No puede reducirse al enfoque de aplicación de la ley y el castigo, ni a los intereses y la participación de las agencias policiales o militares. También debe involucrar a organismos gubernamentales encargados de salud, educación y desarrollo; a las familias, los especialistas, la sociedad civil.
El éxito de la política sobre drogas no se puede seguir midiendo en erradicación, arresto, incautación y castigo de los más débiles. Vale la pena cambiar de tercio.